(Caracas, 18 de mayo de 2011) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que actualmente el Ministerio Público está investigando a 111 empresas que habrían estafado a ciudadanos a través de las ventas programadas de vehículos.
Asimismo, precisó que por estos mismos hechos hay 8 personas privadas de libertad, 15 acusadas, 33 con orden de aprehensión, 24 medidas reales (incautación de bienes y congelación de cuentas) contra los propietarios y directivos de las empresas investigadas.
También agregó que existen ocho medidas reales contra los concesionarios y empresas que utilizaban la modalidad de ventas programadas de vehículos.
Explicó que el Ministerio Público no sólo está encargado de ejercer la acción penal, sino también está preocupado porque a las víctimas se les repare el daño causado.
Es por ello que informó sobre un cronograma de reuniones que se realizan en cada uno de los estados del país, coordinadas por los fiscales superiores de las respectivas jurisdicciones, donde no sólo participa el Ministerio Público sino también representantes del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones involucradas.
Al respecto adelantó que este viernes 20 de mayo se tiene previsto efectuar una reunión en el Centro Sirio de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, para darle respuestas a las víctimas, mientras que el sábado 21, la actividad se realizará en el Hotel Vanatur, en Margarita.
Cabe destacar, que este conjunto de actuaciones obedece al cumplimiento del Plan Contra el Fraude, Usura y Estafa, el cual arrancó desde el 2009 y tiene dos modalidades: vivienda y vehículos.
Por otro lado, explicó que en el caso de las empresas constructoras e inmobiliarias implicadas en caso de estafas, se está tratando de llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas o que por lo menos se le devuelva el dinero que invirtieron para la compra de los inmuebles.
Caso Yumare
La Fiscal General también se refirió al caso Yumare y destacó que por este caso, ocurrido en 1986, admitió recientemente los hechos el general retirado del Ejército, Alexis Sánchez. “Y no sólo asumió su responsabilidad y admitió los hechos, sino que pidió perdón a las víctimas”, detalló.
Recordó que por este hecho, el Ministerio Público solicitó 12 órdenes de aprehensión, las cuales fueron dictadas por el Tribunal respectivo, sin embargo, no ha sido posible materializarlas porque las personas no han sido ubicadas.
Resaltó la actuación de los fiscales del Ministerio Público en esta investigación, a pesar de los años transcurridos, pues gracias a la contundencia de los elementos recabados este ex funcionario admitió los hechos y fue condenado a 13 años de prisión.
“El Ministerio Público se ha empeñado en hacer justicia, se ha empeñado en sancionar a aquellas personas que durante muchos años violaron los derechos humanos, ejecutando acciones graves”, dijo Ortega Díaz.
Respecto al caso de las personas detenidas en Colombia por guardar relación con el homicidio del periodista Orel Sambrano y el médico veterinario Francisco Larrazábal, la Fiscal General precisó que los dos aprehendidos tenían alerta roja de Interpol.
En tal sentido, manifestó que el Ministerio Público ya solicitó la extradición de las dos personas al tribunal de control respectivo, instancia que luego enviará la petición a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para su aprobación.
También se refirió al proceso que se le sigue a los funcionarios de la Policía Municipal de Chacao por torturas. “El Estado venezolano, a través del Ministerio Público, garantiza que se respeten y se promuevan los derechos humanos, y en caso de que se violen, hayan las sanciones correspondientes. Por ello, en el caso de la Policía de Chacao, estamos ante una situación de violación a los derechos humanos”.
Señaló que a propósito de este caso, este martes 17 fue entrevistada una de las víctimas, mientras que para este miércoles se tiene previsto la imputación de cuatro funcionarios de ese organismo municipal.
Puntualizó que en materia de los derechos humanos, el Ministerio Público está abocado a este caso, así como también a los de El Caracazo, Yumare, Cantaura, incluso, y a las torturas y desapariciones en los años 60, 70 y 80, “que con ocasión a ello creamos la línea telefónica 0800-V607080, a través de la cual se pueden comunicar las personas que sean víctimas de la violación de los derechos humanos”.
Por último, facilitó los números telefónicos para la denuncia por los casos de las estafas inmobiliarias y de vehículos, los cuales son: 0800victima y 0800fisca 00.
