El Ministerio Público logró privativa de libertad para José Luis Rojas Bello
(33), quien es uno de los accionistas de la empresa Bayan Services, por su
presunta vinculación con el caso de la avioneta matrículas 9HFED (alemana),
modelo Bombardier Global, la cual despegó sin autorización del Aeropuerto
Internacional Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, con un cargamento
de droga, que posteriormente fue decomisado en Islas Canarias, España.
El
despegue de la aeronave se registró a las 2:35 de la madrugada del 12 de agosto
desde el Aeroclub Valencia, el cual se encuentra ubicado dentro de las
instalaciones del referido Aeropuerto.
En
la audiencia de presentación, los fiscales 3°
y 26° nacionales, así como el 5°, 13° y 29° de Carabobo, Eylin Ruiz,
José Miguel Medina, Analia Aguilar, Asdrúbal Durán y Linda Goitía,
respectivamente, imputaron a Rojas Bello por los delitos de financista de
tráfico ilícito internacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en
la modalidad de transporte, en grado de cooperador inmediato, y asociación para
delinquir.
Dichos
delitos están establecidos y sancionados en la
Ley Orgánica de Droga y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo.
La
audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 10° de la Carabobo, instancia que
acogió la precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad y fijó como
sitio de reclusión el Internado Judicial de ese estado, conocido como Tocuyito.
Rojas
Bello fue aprehendido el pasado 13 de septiembre, en su residencia ubicada en el
sector el Palotal de Valencia, durante un allamiento que fue acordado por el
Tribunal 6° de Control de la referida jurisdicción, tras solicitud del
Ministerio Público.
Con
la aprehensión del mencionado accionista de Bayan Services, el número de
detenidos por este caso asciende a 23 personas.
Vale
destacar que entre los detenidos se encuentra el gerente de operaciones de la
mencionada empresa, Juan Hernández Carrasquero (60), un ciudadano de
nacionalidad colombiana, de nombre Juan Bilbao (otro de los presuntos
financista), además de nueve efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana, un comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y
ocho civiles.
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