(Caracas, 03 de febrero
de 2014.-) El Defensor Público General, Dr. Ciro
Araujo, durante el programa “Habla la Defensa Radio”, dio a conocer los
beneficios que otorga la Ley para la Regularización y Control de los
Arrendamientos Inmobiliarios, con el propósito de brindar un excelente servicio
al pueblo venezolano y continuar ofreciendo asesoría y orientación legal para
contribuir a dar solución a los problemas de vivienda.
Durante
su alocución, la máxima autoridad de la Defensa Pública resaltó que durante
el 2013 se logró
asesorar y representar a 15341 personas en materia Inquilinaria, “seguimos
trabajando de la mano con el Poder Popular para mejorar su calidad de vida, los
invitamos a que se acerquen a la institución para que busquen una solución a su
problemática”, indicó.
En este sentido, el Dr.
Ciro Araujo, señaló que es interesante definir desde el punto de vista
constitucional el derecho a la vivienda, plasmado en el artículo 82 de la Constitución
Bolivariana de Venezuela: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada,
segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un
hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La
satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los
ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.
Sostuvo que esa primera parte de
la Carta Magna tiene rango constitucional, “es por ello que la Defensa Pública
posee la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios,
cuyo objetivo se establece en el artículo 1 de la misma:
Artículo
1. La
presente Ley, tiene por objeto establecer el régimen jurídico especial de
arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, ya sean
arrendados o subarrendados total o parcialmente; en el marco de la novedosa
legislación y Política Nacional de Vivienda y Hábitat, como un sistema
integrado dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro
pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente; con el
fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la
garantía plena de este derecho a toda la población; contrarrestando la
mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte
en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano; y
promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del
Estado democrático y social, de derecho y de justicia, cumpliendo el mandato de
refundación de la República, establecido en la Carta Magna. “
También
mencionó que, según el artículo 28 de la referida Ley, la Defensa Pública, en desarrollo de la activación de
la competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para
la defensa del derecho a la vivienda, debe ponerse al servicio del sistema
rector nacional para la defensa de los derechos de los arrendatarios y
arrendatarias y del derecho a la vivienda, y de todos los ciudadanos y todas
las ciudadanas, en el territorio nacional.
“Es importante que la gente tenga conocimiento de que
en cualquier parte del país tenemos a la
disposición una sede de la Defensa Pública, donde todos los ciudadanos podrán
ser asesorados, representados y orientados de manera gratuita”, enfatizó el Dr.
Araujo.
Por su parte, el
Defensor Público Provisorio
Segundo en materia Inquilinaria, Abg. Óscar Dámaso, dio a conocer los beneficios que
posee la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda
y cómo los Defensores Públicos pueden orientar al Poder Popular.
“Lo que
busca esta Ley es equilibrar la garantía de los derechos que poseen los
arrendadores y arrendatarios, aplicando mecanismos idóneos para conseguir una
solución a la problemática de ambas partes”, manifestó el Abg. Dámaso.
La
Defensora Pública Suplente Tercera en materia Inquilinaria, Abg.
Marina Romero, durante su participación en el programa, reconoció el compromiso
que tienen los funcionarios de la institución con el Poder Popular, impulsando
y acercando la Defensa Pública a las comunidades.
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