El
Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta (UNA) dio a conocer este
viernes, en rueda de prensa, desde la sede central de la casa de estudios, en
Caracas, la situación actual de la institución, perspectiva e imposibilidad de
aprobar la Memoria y Cuenta de los años 2009, 2010 y 2011.
El
Consejo Superior es responsable del seguimiento y evaluación de la gestión de
la casa de estudios. Su presidenta, Isaly Matheus, informó que tanto las
instituciones oficiales como las
privadas se rigen por un ciclo de planificación, presupuesto, ejecución,
rendición de cuentas y evaluación.
En el
caso de la Memoria y Cuenta de la UNA, correspondiente a los años mencionados,
explicó que encontraron incoherencias que impidieron su aprobación, entre las
cuales se cuenta la ausencia de soportes y estados financieros.
Agregó
que el proceso que se desarrolla en la institución educativa es legal,
enmarcado en la Carta Magna y el ordenamiento jurídico vigente, así como
también está avalado por la ministra de la cartera universitaria (Marlene
Yadira Córdova), quien solicitó la mayor eficacia política y calidad
revolucionaria durante el proceso.
Invitó a
la comunidad universitaria a la incorporación en la lucha por el rescate de los
principios con que se creó la universidad y a involucrar la participación
masiva de todas y todos para el logro de las metas. Asimismo, convocó al
personal a cumplir responsablemente sus funciones y a realizar asambleas que
permitan el replanteamiento de la UNA.
Asimismo,
definió esta etapa como de crisis, al tiempo que afirmó que la universidad
saldrá airosa para cumplir el verdadero rol, tanto académico como social, que
le corresponde en las localidades en el ámbito nacional.
Matheus
llamó a las y los estudiantes organizados, trabajadores y miembros de los
sectores aledaños a formar parte de este proceso en el marco de la
transformación universitaria, así como a proponer modelos distintos para el
avance de la educación del sector a través de grupos de trabajos por áreas.
Igualmente, dijo que se hace necesario normalizar el horario de funcionamiento
en todas las sedes y ampliar las capacidades de docentes en los centros
locales.
En
cuanto a las responsabilidades administrativas generadas del proceso de
evaluación, se refirió a que el despacho
universitario y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) tomarán las
decisiones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la Ley.
Acompañaron a la
presidenta del Consejo Superior en la rueda de prensa, Ángel Miguez y Wilmer
Santiago en representación del Mppeu y Virgilio Roa, representante de la
Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), entre otros.
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