(Caracas, 17 de septiembre de 2013) El fiscal 53º auxiliar
nacional del Ministerio Público con competencia plena, Alexis Cova Escalante, pidió
a la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, estudiar la pertinencia de
solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de haber lugar al
enjuiciamiento de la diputada a la Asamblea Nacional, María Mercedes Aranguren
Nassif, tras conocer la denuncia formulada contra dicha parlamentaria por
presunta corrupción.
La
solicitud se fundamenta en el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal,
el cual contempla que cuando para la persecución penal se requiera la previa
declaratoria de haber mérito para el enjuiciamiento, el Fiscal que haya
conducido la investigación preliminar se dirigirá a la Fiscal General de la República a los efectos
de que ordene solicitar la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento.
Se
desprende de la denuncia recibida el 27 de julio del 2009 en el Ministerio
Público, que Aranguren Nassif, cuando se desempeñaba como presidenta de la
empresa Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín, creada por el
entonces gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, suscribió
contratos en dólares con empresas extranjeras para la realización de eventos
artísticos y deportivos sin contar con la debida autorización de la Asamblea Nacional,
tal como lo establece la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
Adicionalmente,
no se evidencia la procedencia de esos recursos presupuestarios utilizados para
la adquisición legal de divisas.
En
ese sentido, el fiscal Cova Escalante requiere
realizar actos de investigación que suponen iniciar la persecución penal contra
la mencionada diputada, lo cual precisa de la previa declaratoria de mérito
para el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Cabe
recordar que los diputados a la Asamblea Nacional se encuentran amparados por los
artículos 266, numeral 3, de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y 381 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales contemplan el
privilegio de Antejuicio de Mérito para los altos funcionarios.
Fuente: Ministerio Publico
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