La fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, propuso la implementación del régimen de faltas a escala
nacional, para
evitar que los conflictos que perturben el orden público, la
tranquilidad, la
paz y la convivencia se conviertan en delitos graves.
Tal planteamiento fue realizado durante
el Encuentro Nacional de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (Gmatvv),
realizado este
viernes 1° de marzo en el Teatro "Vicente Salias" de Fuerte Tiuna,
evento que contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo
de
Justicia, Luisa Estella Morales; el ministro del Poder Popular para la
Relaciones Interiores
y Justicia, Néstor Reverol; y la ministra del Poder Popular para la
Educación Universitaria,
Yadira Cordova, entre otras autoridades.
En
dicho encuentro, Ortega Díaz manifestó que existen unas políticas del Estado venezolano extraordinarias, las cuales
se encuentran condensadas en esa Gran Misión, pero que sino se
coordinan y articulan
seguramente van a fracasar, por lo que para garantizar el éxito es
necesario
que todos los actores planifiquen y decidan respecto a la política en
materia
criminal.
En ese
sentido, la Fiscal General se refirió a uno de los vértices de la
Gmatvv, como lo es la Transformación de la Justicia Penal y la Creación
de Mecanismos
Alternativos de Resolución de Conflictos, señalando que existen
conductas que
alteran la paz y la armonía, las cuales no son consideradas como
delitos por lo
que pidió tutelarlas.
Igualmente, Ortega Díaz propuso
articular esfuerzos para generar la capacitación masiva no sólo de los
actores,
juristas e integrantes del sistema de justicia, sino también de los
cuerpos
policiales, para que puedan contar con las herramientas necesarias
destinadas a
la resolución de conflictos.
Fiscalías Municipales
La Fiscal
General explicó
que con las fiscalías municipales ya se han venido dando pasos en este
tema, al
tratar las faltas y solicitando la aplicación de algunas sanciones,
sobre todo
de la convivencia ciudadana en los barrios, comunidades, urbanizaciones
y
escuelas.
Señaló que
todos tenemos la obligación de buscar espacios para que se
constituyan
las Casas de Justicia y recordó una frase del presidente de la
República, Hugo Chávez,
durante el lanzamiento de la Gran Misión, “Quiero ver una Casa de la
Justicia”.
Por otra
parte, indicó la necesidad de la integración tecnológica del sistema de
justicia, especialmente de la justicia municipal, porque este trabajo
tiene que
ir acompañado de las bondades de la tecnología y en función de la
integración
técnica, sin que ello implique el menoscabo de la autonomía de las
otras instituciones.
“No es
posible trabajar y combatir los índices de seguridad si no tenemos una
data que
nos permita tener acceso inmediato y abordar el problema en el momento
en que
se presenta" agregó.
La máxima representante del Ministerio Público dijo que hay que diseñar un plan para que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de todos los cuerpos de seguridad obtengan conocimientos mediante talleres y cursos, en especial sobre la elaboración de actas policiales y el protocolo para realizar las entrevistas a los testigos, elementos que permiten garantizar un buen proceso judicial.
La máxima representante del Ministerio Público dijo que hay que diseñar un plan para que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de todos los cuerpos de seguridad obtengan conocimientos mediante talleres y cursos, en especial sobre la elaboración de actas policiales y el protocolo para realizar las entrevistas a los testigos, elementos que permiten garantizar un buen proceso judicial.
Igualmente,
planteó la necesidad de separar las funciones de la Policía Nacional
Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas, porque no se pueden confundir los roles, “una cosa
tiene que
ser la seguridad ciudadana y otra la investigación criminal”, aseveró.
Inutilización de las armas de fuego
Durante
la actividad, la Fiscal General instruyó a los fiscales del Ministerio
Público la
implementación del decreto presidencial 40.047, el cual dispone la
inmediata
inutilización y posterior destrucción de todas las armas decomisadas en
los diversos
operativos realizados por los cuerpos de policías, luego de practicadas
las
experticias correspondientes.
Pidió
entender las transformaciones de algunos instrumentos legales y recordó
que con
el tránsito del sistema inquisitivo al acusatorio y con la entrada en
vigencia
del Código Orgánico Procesal Penal, no hubo comprensión de ese
instrumento
legal.
Explicó que
en el Ministerio Público durante más de seis meses se han
dictado cursos y talleres acerca del procedimiento para el juzgamiento
de los
delitos menos graves, pero solicitó la articulación entre la Defensa
Pública y
el Tribunal Supremo de Justicia para la realización de estas
actividades de
manera conjunta
Fuente: Ministerio Publico
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