(Caracas, 03 de octubre de 2013) La fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, advirtió que quienes estén incursos en acaparamiento de los productos de
la cesta básica serán sancionados severamente e instruyó a los fiscales del
Ministerio Público a solicitar medidas privativas de libertad.
Así lo manifestó en el programa “En Sintonía con el
Ministerio Público” este jueves 03 de octubre, en el cual destacó la importancia
de mantener la paz y alertó a
la población “a no caer en provocaciones, a que no se hagan parte de ese miedo”
que pretenden infundir algunos medios de comunicación, en cuanto al supuesto
desabastecimiento de productos alimenticios.
Destacó
que el Ministerio Público comisionó a un equipo de fiscales a escala nacional, para
que trabajen en conjunto con funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios, y los ministerios del Poder Popular para la
Alimentación; y para el Comercio, a fin de atacar de forma oportuna este
flagelo que atenta contra la seguridad alimentaria y, en consecuencia, del
Estado.
Por otra
parte, hizo mención a la solicitud de declaratoria del antejuicio de mérito
contra la diputada a la Asamblea Nacional,
María Mercedes Aranguren, con el fin de continuar con el procedimiento penal
por vía ordinaria, la cual fue presentada este miércoles 02
de octubre ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La
Fiscal General
explicó que dicho petitorio se realizó tras cuatro denuncias interpuestas ante
el Ministerio Público, por presuntas irregularidades cometidas en la empresa Administradora Inmobiliaria
Monumental de Maturín C.A, constituida
durante la gestión del exgobernador de Monagas, José Gregorio Briceño Torrealba,
compañía que era presidida por la parlamentaria.
Dentro de
las irregularidades que se detectaron,
está el contrato en dólares con empresas extranjeras sin la debida autorización
del Estado venezolano; al igual que la solicitud de servicios a una empresa extranjera
para la contratación de artistas internacionales por varios montos en dólares.
Ortega
Díaz indicó que en dichos espectáculos, la empresa administradora recibió
dinero por la boletería, del cual se desconoce la suma pues nunca informó al
ente regulador sobre las ganancias y pérdidas que produjo; tampoco declaró ni
entregó el Impuesto Sobre la
Renta ni el impuesto municipal por las mencionadas actividades
que realizó en el estado Monagas.
En ese sentido, dijo que cuando se
tenga la libertad plena para realizar la investigación, se determinará qué pasó
con los montos de los impuestos que no cancelaron al Fisco Nacional.
En
la búsqueda de la verdad y la justicia
La máxima representante del Ministerio
Público, también presidenta de la
Comisión por la
Justicia y la
Verdad, recordó que este viernes 04 de octubre se conmemoran
31 años de la masacre de Cantaura, donde murieron 23
luchadores sociales del Frente Américo Silva en una operación realizada por el Ejército y la extinta Dirección
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Destacó
que por este caso han sido imputados el exdirector
general de la Disip, Remberto Uzcátegui; el exdirector de
Inteligencia de ese mismo organismo, José Domínguez Yépez; y el excomandante del Batallón de Cazadores
del Ejército, Ismael Antonio Guzmán, por presuntamente incurrir
en los delitos de concurso
real en el homicidio calificado con alevosía y motivos innobles; y
quebrantamiento de principios y pactos internacionales en materia de derechos
humanos suscritos por el Estado venezolano.
Por tal motivo, Ortega Díaz informó
que participará este sábado 05 de octubre en el acto que se llevará a cabo en
Los Changurriales de los Morochos de Evans, a nueve kilómetros de la población
de Cantaura, en homenaje las víctimas de la mencionada masacre ocurrida en
1982.
Adicionalmente, aprovechó para hacer
extensiva la invitación a todos los venezolanos, especialmente al pueblo del
estado Sucre, para que estén presentes el próximo 19 de octubre en un acto que
se realizará en Cumaná, en el que serán entregados los restos del luchador
social Santos Rafael Martiarena, quien falleció en febrero de 1969, tras ser
torturado por efectivos militares del Teatro de Operaciones N° 4.
Ortega Díaz explicó que el hallazgo se
realizó en el sitio conocido como “La
Tumba de Piedras”, sector El Limón, al norte del cerro
Turimiquire.
Los restos de Martiarena fueron
localizados e identificados plenamente, a través de un trabajo realizado la Unidad Criminalística
Contra la Vulneración
de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.
Puntualizó
que para dar con el hallazgo se efectuaron diversas diligencias, entre ellas,
entrevistas a familiares y testigos, así como el estudio de ADN en las piezas
recuperadas.
Por otra parte, La Fiscal General
manifestó en nombre del Ministerio Público venezolano su solidaridad con la
búsqueda de la verdad y la justicia respecto a las violaciones de los derechos
humanos ocurridas en Ecuador.
Así lo aseveró, luego que este
martes 1º de octubre presenciara en ese país meridional la audiencia de
formulación de cargos contra cuatro coroneles, cinco generales militares y un
general de la Policía,
por delitos de lesa humanidad ocurridos durante las décadas de los años 70 y 80,
en perjuicio de tres ciudadanos privados de libertad en Quito.
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