Tres días en huelga de hambre mantiene el jesuíta José María Korta, en defensa de tres indígenas de la etnia Yukpa que se encuentran detenidos, luego de que se generaran conflictos por la repartición de sus tierras en el estado Zulia. Korta se encuentra en huelga de hambre en la sede administrativa de la Asamblea Nacional para exigir respeto a los derechos de los pueblos yukpa, se dirigió al país para presentar las peticiones de la protesta que realiza.
Más de 40 años trabajando por los derechos humanos de los pueblos indígenas, se traducen en verdadero compañerismo, que motivó al jesuíta Korta a ayunar. Está aferrado a un crucifijo, lúcido, a pesar de sus 81 años.
Conflictos internos dentro de las tierras que ocupan estos indígenas ocasionaron riñas que terminaron en la detención de tres de sus representantes, llamados en su jerga "Caciques". Sus parientes denuncian que corren peligro en la cárcel del estado Trujillo, por lo que piden su liberación.
Uno a través de la Fe y otros apegados a sus costumbres y forma de vida, esperan por respuestas de los ministros Nitzia Maldonado y Tareck El Aissami. La primera para que defienda sus derechos y el segundo para que deje en libertad a los caciques y estos puedan ser juzgados en jurisdicción indígena.
Al referirse a las causas de la detención de Romero por parte de la justicia nacional, el jesuita dijo que el ministro del Interior, Tarek El Aissami, ha argumentado que al existir un delito de homicidio el indígena debe ser juzgado por un tribunal ordinario.
"El ministro no ha leído la Constitución", sostuvo Korta, ya que además del 260, otro artículo constitucional, el número "100 dice que todas las culturas son iguales en dignidad, por lo que la comunidad indígena también tiene capacidad para juzgar un delito de homicidio", opinó.
Dentro de sus exigencias destacó la necesidad de dar libertad al cacique Sabino Romero y otros dos indígenas presos a causa de un enfrentamiento ocurrido el año pasado, en el que fallecieron dos personas.
A juicio de Korta, los indígenas deben ser pasados a la justicia de sus pueblos para que tomen la decisión correspondiente al caso. Dijo que el poder Judicial desconoce el artículo 100 de la Constitución al argumentar que, como hubo presuntos homicidios, los tres detenidos deben pasar a la justicia ordinaria.
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