Un grupo de madres de todo el país se ha unido para pedir a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela una urgente reforma de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en función de que sea contemplado como un DELITO el "secuestro parental", acto que no aparece denominado así en las leyes venezolanas y se considera una simple "retención de niños o niñas" por parte de uno de los progenitores. La propuesta se ha hecho ante la oficina de la diputada María León y su objeto es evitar la abducción de niños y niñas, que son retenidos dentro y fuera del territorio nacional, además de buscar sanciones para padres o madres que falsifiquen u omitan la existencia de documentos públicos con el fin de engañar a los jueces y conseguir una "custodia preventiva" cuando esa medida no es realmente necesaria.
"Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes están resguardados en las leyes venezolanas y también en los convenios internacionales a los que Venezuela se ha suscrito, sin embargo, aún hay mucho por hacer en materia de protección de niñas y niños, como lo hemos constatado personalmente las madres, padres y abuelos que nos unimos para estudiar el tema y traer una propuesta a la Asamblea Nacional", declaró Antmar Rivas, señora que lleva nueve meses esperando una sentencia que le devuelva a sus hijos de tres y seis años de edad, "nos dimos cuenta de que en la ley no existe el secuestro infantil cuando se trata de padres o madres que se llevan a los niños, lo cual ya en muchos países es un tema más que visto porque aunque sea el papá o la mamá quien aparta a su hijo de quien tiene la custodia legal, el niño o niña sufre lo mismo que cualquier ciudadano secuestrado, generalmente es incomunicado, llevado en contra de su voluntad a un lugar que no es su hogar habitual, separado de su colegio y de su entorno familiar y muchas veces incluso trasladado a otro país mientras quien se lo ha llevado prácticamente negocia la entrega o las condiciones en las cuales el progenitor que tenía la custodia puede volver a ver a su hijo o hija, si es que permite eso mientras se desarrollan juicios larguísimos que pueden durar años".
Las madres, reunidas en una Asociación de familiares de niños y niñas víctimas de retenciones (ASOMADRES LOPNNA), consideran que si un juicio llega al TSJ, después de meses y hasta años de haberse iniciado, y allí los magistrados deben "poner reparo", literalmente hablando, a sentencias de jueces cuyas decisiones fueron anticonstitucionales y violatorias de los derechos de sus hijos e hijas, esos jueces que actuaron fuera de ley deberían verse inmediatamente sancionados por haber perjudicado el desarrollo normal de la vida de los niños y niñas que debían haber protegido.
En Italia, Alemania, España, Argentina y muchos otros países, el secuestro parental es considerado en la ley como un peligro que corren los ciudadanos que están en edades en las que dependen de sus padres y madres. Incluso en Estados Unidos existe una Ley Federal cuyo único propósito es evitar el Secuestro Parental y acelerar los procesos de devolución de niños y niñas que han sido retenidos sin permisos judiciales o con permisos obtenidos en base a engaños o falsificaciones de documentos.
La periodista Marichina García Herrero, fundadora de Asomadres Lopnna, explicó que hasta los momentos sólo se han hecho reuniones preliminares para presentar los casos de madres y familiares de niños que incluso fallecieron en manos del familiar que los retuvo, por lo que una de las propuestas que estas madres organizadas llevará a la AN cuando les otorguen ese derecho, radica precisamente en la PRIORIDAD ABSOLUTA que según las leyes de la República Bolivariana de Venezuela tienen los niños y las niñas del país, en base a la cual los jueces deberían verse obligados a actuar con premura, sin pérdida de tiempo y tomando en cuenta a los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes como primera instancia obligatoria para solucionar los problemas de manera pacífica antes de llegar a engorrosos juicios que convierten en víctimas de la burocracia a nuestros hijos e hijas y, por supuesto, a sus familias.
Más de 200 firmas han sido recogidas en internet a través del blog que la periodista García Herrero abrió cuando sus hijas fueron retenidas el año pasado y ella denunció que hubo abuso de poder en aquel hecho (http://morochasconsumami.blogspot.com/), y adicionalmente estas mujeres emprendedoras han recogido más de 300 firmas de manera personal para acompañar sus solicitudes ante la Asamblea Nacional, donde han pedido hacer "parlamentarismo de calle" para consultar a las comunidades y a las organizaciones populares antes de legislar sobre tan importante tema social.
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