Soraya El Achkar, secretaria del Consejo General de Policías y directora de la Universidad Nacional de la Seguridad, reiteró que las alcabalas policiales están prohibidas. Además considera un mito que los controles ciudadanos o del Estado inhiban la actuación de la policía. Deploró el caso de la hija del cónsul.
A su juicio, el hecho fue un procedimiento ilegal, desproporcionado que no está contemplado en ninguno de los protocolos del uso de la fuerza. “Además hay tácticas de los funcionarios para proteger su propia vida que no fueron aplicados. Frente a una resistencia pasiva, porque el carro retrocedió, salió huyendo, y frente a eso no puedes utilizar una fuerza potencialmente mortal, está absolutamente prohibido”, argumenta.
Recordó en Actualidad de Unión Radio que el Consejo de la Policía nació para la erradicación del abuso policial. “No se había hecho el trabajo de refundar las policías y venimos haciendo el esfuerzo desde el año 2006 por eso nace la Ley Orgánica del Servicio Policial”.
“Este es el único país que tiene reglamentado el uso de la fuerza y tenemos una resolución que da el detalle y sacamos un manual para su implementación. Hay un reconocimiento de todas las autoridades de que es necesario el cambio de reformar sustantivamente las policías,
“Hemos logrado comprobar que el policía en la medida que usa la fuerza como corresponde logra ganar confianza en el ciudadano y mayor eficiencia, solo que hay que profesionalizarlo porque deben hacerlo como corresponde”.
Considera que en área policial se ha hecho un trabajo productivo, sin embargo hay áreas que “están pendientes”, pero el gobierno está concientes de la situación.
“Ya no sabemos como decirlo, las alcabalas están prohibidas, hay una resolución del año 2006 de la Conarepol, donde dice que las alcabalas están prohibidas y solo se pueden instalar alcabalas cuando se presume que podría ocurrir un hecho delictual y tienen que ser notificadas al Ministerio del Interior y cumplir con algunos requisitos”.
Reitera que en el caso de la hija del cónsul no se trataba de una alcabala, sino de un patrullaje porque presumían el robo de un vehículo. “Pero como se ha dicho que sí lo era debemos reiterar que las alcabalas están prohibidas, (y si las hay) tienen que tener conos en tales o cuales dimensiones, tantos funcionarios, eso tiene un procedimiento que están obligados a cumplir todos los cuerpos”.
Informó que desde la Universidad Experimental de la Seguridad están asumiendo el control sobre el CICPC y de todas las policías del país y llamó a la colaboración de los ciudadanos para aumentar la supervisión a las policías.
“Lo que siempre hay que decir es que los ciudadanos somos responsable del control de los cuerpos de policías, vamos a trabajar en una campaña que se llama Métele el Ojo a tu Policía porque parte del drama de la policía venezolana es que ella creció sin ningún control y si los niños crecen sin controles ni reglas claras hacen lo que les da la gana”.
“…Eso fue lo que pasó con la policía por mas de 50 años, nadie les puso las reglas claras, desde el año 2008 hemos ido colocándoles las restricciones y un modelo de policía donde la contraloría social es muy importante. No tengamos miedo al control de la policía, si el policía siente que tiene una comunidad que lo está controlando tendría un mejor comportamiento”.
Reiteró las actuaciones que están expresamente prohibidas para la policía, lo que no le impide al funcionario actuar. “Las reglas no le impiden trabajar ni le impide usar la fuerza, lo que le estamos diciendo es que la fuerza no puede ser usada de manera desproporcional, si tienen a una gente con resistencia pasiva por qué le vas a disparar? no tiene sentido, existen técnicas para disminuir la resistencia del ciudadano cuando ésta no es mortal y eso requiere de profesionalización”.
“No le estamos diciendo al policía que deje de trabajar, el policía no debe decir que porque ahora hay un Código Orgánico, o que hay una defensa de los derechos humanos debe limitarse a actuar, eso es una excusa, es un argumento fútil, una cosa ridícula decir eso”, sentencia.
Considera que el gobierno dio una respuesta inmediata al caso y contundente ante el caso. “Inmediatamente el MIJ ordenó que fuera el Ministerio Público quien asumiera el caso, lo que garantiza transparencia e imparcialidad. Puso a la orden de todo el MP a toda la comisión que actuó, es decir; no hubo complicidad con el hecho delictivo, y puso a la orden a toda la comisión que forma parte de la delegación del Zulia para que sean investigados no solo los 12 funcionarios que actuaron sino toda la delegación zuliana”.
Admite que en las evaluaciones se ha detectado que el CICPC “no tienen claro el uso progresivo de la fuerza, ni tácticas policiales para evitar que casos como el del Zulia hubieran ocurrido”.
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