El MP emitirá una medida cautelar, la cual consiste en la prohibición de la difusión de información relacionada con la contaminación del agua que no cuente con un soporte científico vera.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles 21 de marzo que el Ministerio Público (MP) inició una investigación sobre los mensajes que están circulando en algunos medios de comunicación social referente a la presunta contaminación del agua en el país, según detalla una nota de prensa del organismo.
La información fue ofrecida en rueda de prensa posterior al acto de la entrega de certificados de aprobación del III diplomado “La Criminalística en el Proceso Penal Venezolano”, donde Ortega Díaz señaló que la denuncia para el inicio de la investigación fue formulada por tres ciudadanos, quienes señalaron que se ha creado una alarma respecto al tema de la contaminación del agua.
En este sentido, la Fiscal General expresó que el MP comisionó al fiscal 20º nacional, Daniel Guedez, a fin de que dirija la investigación.
Asimismo, Ortega Díaz dijo que las declaraciones respecto a este tema deben ser sustentadas por un estudio científico elaborado por un laboratorio, centro de investigación o un equipo de expertos.
Expresó que decir que el agua para el consumo humano está contaminada, “asusta a la población, genera miedo, temor, incertidumbre y puede generar una sicosis colectiva” dijo.
Ortega Díaz informó a la población venezolana que a todas las plantas de tratamiento de agua para el consumo humano, se les hace un seguimiento diario y no están contaminadas.
Refirió que solicitó al ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, el seguimiento que se le hace al agua de consumo humano, constatando que se sigue un protocolo de medición internacional para garantizar que es potable, pura y sin riesgo de contaminación, además se apuntó que se están cumpliendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.
La máxima autoridad del MP informó que instruyó al referido fiscal para que solicite una medida cautelar ante un tribunal de control, la cual consiste en la prohibición de la difusión de información relacionada con la contaminación del agua que no cuente con un soporte científico veraz.
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