La fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, informó este domingo que hay cinco
personas privadas de libertad por presuntos ilícitos, como resultado
del plan intensivo de fiscalización que impulsa el Gobierno Nacional
para enfrentar la especulación en el país.
Cuatro de los detenidos son
gerentes de dos tiendas de electrodomésticos, ubicadas en Caracas y en
el estado Falcón.
También han sido
aprehendidas “varias personas” por ingresar de forma violenta a un
comercio de electrodomésticos en la población de Naguanagua, en el
estado Carabobo, porque querían presuntamente apoderarse de productos.
Todos estos individuos serán presentados en tribunales este domingo.
“Presumimos que se intentó
propiciar un saqueo, acción que el Estado no va a permitir. Rechazamos
situaciones de caos, cualquier acción que quieran impulsar para generar
hechos violentos”, enfatizó Ortega en declaraciones telefónicas a
Venezolana de Televisión. “El Ministerio Público está atento evitando
que estas situaciones ocurran”, afirmó.
Del mismo modo, indicó que
citaron para este lunes a los representantes de las tiendas visitadas,
a los fines de verificar la legalidad de la mercancía, los precios, las
actas constitutivas y otros documentos de interés para la investigación.
La Fiscal destacó la
participación del MP en los operativos contra la especulación, que
dirige el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, que
se ha propuesto enfrentar la especulación y el acaparamiento con
fiscalizaciones en todo el país. Forma parte de las acciones anunciadas
por el Ejecutivo para derrotar la guerra económica promovida por la
derecha.
Un total de 40 fiscales
regionales están en los estados y el Área Metropolitana de Caracas, así
como cinco nacionales, por regiones, en esta ofensiva.
“En estos operativos se
participa con la intención de defender la economía, siempre
garantizando los derechos constitucionales, aun a aquellos que hayan
cometido las irregularidades”, enfatizó.
Explicó que los fiscales
velan por la correcta aplicación de los procedimientos administrativos
que se apliquen en caso de detectarse irregularidades. “Todos los
procedimientos se han llevado a cabo respetando el debido proceso y el
derecho a la defensa”, afirmó.
Fuente: Correo del Orinoco
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