La
vicepresidenta de la Sala de Casación Social y coordinadora nacional de
la
Jurisdicción de Protección de niños, niñas y adolescentes del Tribunal
Supremo
de Justicia (TSJ), magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, aseguró
que, en
Latinoamérica, Venezuela es un país que está a la vanguardia en esta
materia,
gracias al esfuerzo que ha venido realizando el Estado venezolano a
través de
sus organismos, conformado por el Sistema de Justicia, especialmente
por el
Máximo Juzgado.
Así
lo afirmó la Magistrada durante su intervención en el 1er. Congreso
sobre
Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes que se celebra
en el
TSJ. Agregó que, en la actualidad, los temas referidos a los derechos
de los
infantes y jóvenes adquieren mayor relevancia frente al Sistema de
Justicia, y
en consecuencia la solución de los problemas que interfieren en el
ejercicio de
sus derechos.
Expresó que la
doctrina de la protección integral
de los niños, niñas y adolescentes alberga dentro del marco referencial
diversos instrumentos jurídicos que van desde la declaración universal
de los
derechos de estos hasta la norma del derecho interno que desarrollan
los
principio fundamentales de esta doctrina, entre los cuales cabe
resaltar: el
interés superior del niño y el principio de la prioridad absoluta,
según el
cual debe dársele prioridad y atención especial a los intereses de los
infantes
y jóvenes en la formulación de políticas públicas.
En
este sentido, destacó que el ordenamiento jurídico venezolano reconoce
a los
niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, y
establece que
están protegidos por la legislación y los órganos del Sistema de
Justicia, los
cuales respetan, desarrollan y garantizan los contenidos de la
Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y los de la convención sobre los
derechos
de los infantes y jóvenes y demás tratados internacionales que en esta
materia
haya suscrito y ratificado el Estado.
La
vicepresidenta de la Sala de Casación Social destacó el rol que ejerce
la
comunidad internacional en la protección de los niños, niñas y
adolescentes
mediante tratados y la cooperación judicial internacional que permiten
salvaguardar sus derechos, especialmente, frente a situaciones como el
traslado, retención y sustracción internacional de los infantes y
jóvenes.
Al
respecto, manifestó que esta última situación se ha convertido en un
inconveniente jurídico, social y familiar que afecta el desarrollo
integral de
los niños, niñas y adolescentes que tiende a agravarse como
consecuencia del
creciente desplazamiento de personas fuera de las fronteras nacionales
en un
mundo globalizado.
Asimismo,
dijo que la violencia familiar o de género, según la oficina permanente
de la
conferencia de La Haya, puede darse antes o después de ocurrida la
sustracción
o retención internacional. Dicha violencia comprende distintos tipos de
abusos
físicos o psicológicos que pueden estar dirigidos a los niños, niñas y
adolescentes
o hacia la pareja sentimental u otros miembros del núcleo familiar.
Para finalizar, la Magistrada
manifestó que debe procurarse el justo equilibrio ante los objetivos de
disuasión en la restitución inmediata, por lo que debe prevalecer el
interés
superior de los infantes y jóvenes.
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