(Caracas, 15 de septiembre de 2011) Ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fue privado de libertad el director del Centro Agroindustrial de Barcelona (anexo del Internado Judicial de Anzoátegui) e imputados dos custodios, por su presunta responsabilidad en el traslado de un condenado por drogas hasta la Notaría Pública de Lecherías, donde firmó un poder para que le movilizaran sus cuentas bancarias que posee en España.
El hecho ocurrió en horas del mediodía del pasado viernes 9 de septiembre, día en que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana interceptaron en la avenida La Costanera de Lecherías, en Anzoátegui, al director del referido anexo, William Cuicas, cuando venía de regreso de la Notaría, en compañía de José Manuel Castillo, quien cumple condena de 8 años de prisión por tráfico ilícito de sustancias estupefaciente y psicotrópicas, dictada por el Tribunal 3° de Juicio del estado Vargas.
Horas más tarde, también fueron aprehendidos los custodios José Romero y José Charbone, quienes habrían facilitado la salida del condenado.
La fiscal 5° de la referida jurisdicción, Milda Robles, imputó a los tres funcionarios y al penado, por la presunta comisión del delito de corrupción, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley que rige la materia.
Dicho artículo establece que “el funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del beneficio recibido o prometido”.
El director del anexo, los dos custodios y el penado fueron presentados ante el Tribunal 5° de Control de Anzoátegui, instancia que acogió la precalificación fiscal, razón por la cual decretó medida privativa de libertad para el funcionario y Castillo. El primero de ellos permanecerá detenido en la sede de la Comandancia General de la Policía del referido estado, mientras que el segundo, estará en el Centro Agroindultrial de Barcelona, donde cumple la pena.
La fiscal del caso solicitó para los custodios una medida cautelar, que consiste en presentación periódica cada 15 días ante la instancia judicial y prohibición de ausentarse de la jurisdicción sin la autorización del Tribunal. Tal solicitud fue acordada.
De acuerdo con la información preliminar, el director del anexo carcelario trasladó Castillo sin autorización del Tribunal, sin custodia militar y sin notificar a la fiscalía penitenciaria, con el fin de que el condenado firmara un poder a una ciudadana de nacionalidad colombiana para que retirara sus haberes en una entidad bancaria ubicada en la ciudad de Málaga, España.
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