El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, durante
su intervención en la 42° Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos, OEA, que se realiza en Bolivia, considera que en la actualidad se
vive el desborde del poder de los medios de comunicación, que violentan
abiertamente los derechos humanos ante el silencio de los organismos rectores
en la materia, como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Indica que “hoy en día es muchísimo más
frecuente encontrar, no Estados persiguiendo a inocentes periodistas, sino emporios
mediáticos persiguiendo a gobiernos que no han aceptado someterse a sus
caprichos”. “¿Tenemos que defender todo esto en nombre de la libertad de
expresión?, se pregunta, “basta de engaños sociales, América latina ha vivido
de engaños sociales” y considera que el desarrollo de la región está relacionado
con denunciar de frente estas mentiras, convertidas en lugares comunes.
Afirma que para organismos como la CIDH, el Estado siempre es el
enemigo, los periodistas siempre son víctimas, sin alcanzar a entender que
“cualquier poder es capaz de atentar a los derechos humanos, entre ellos el poder
informativo”. “Ya basta de este relativismo moral (…)” expresa, “quieren
penalizar la injuria, maravilloso, pero no vamos a aceptar doble moral ni
inconsistencias, vamos a ir con prioridades, aquí en nuestra América
compañeros, se acabó el neocolonialismo en nuestra Patria grande”.
“El peligro, escúcheseme bien, para la
democracia, para la verdadera libertad de expresión, no somos los gobiernos que
con una inmensa legitimidad democrática estamos cambiando a nuestros países sin
someternos a ningún poder fáctico, el peligro es el mal periodismo y los
negocios, que no han entendido que proveen un derecho y defienden sólo su
poder”, señala.
Resalta la necesidad de transformar el Sistema
Interamericano para estar a la altura de la realidad latinoamericana. Enumera
casos de verdadera violación de derechos humanos, como la censura a la
información por parte de los medios privados en Venezuela durante el golpe de
estado de abril de 2002 y el desconocimiento a la legitimidad del presidente
Hugo Chávez en la CIDH.
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