El Ministerio Público acusó a seis funcionarios de la Policía del estado Cojedes por su presunta responsabilidad en la muerte
de cuatro personas, hecho ocurrido el 04 de febrero de 2012, en
la ciudad de San Carlos.
Los
fiscales 85º nacional, 1º y auxiliares de esa jurisdicción, Ángela Rausseo, Luis
Felipe Caballero, Manuel González y Raisa Urdaneta, respectivamente, acusaron
a los funcionarios José Acosta, Fernando Chirinos, Darwin Chávez, Yeibis
Betancourt, Manuel Malpica y Johan Díaz por la presunta comisión de los delitos de homicidio
intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles, en grado de complicidad correspectiva, asociación para delinquir,
obstrucción a la administración de justicia y quebrantamiento de pactos y
convenios internacionales suscritos por la República.
Adicionalmente,
los representantes del Ministerio Público
acusaron a Malpica por presuntamente incurrir en el
delito de uso indebido de arma de guerra.
Tales
delitos están previstos y sancionados en el Código Penal, La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada
y la Ley de Armas
y Explosivos.
En el escrito presentado ante el
Tribunal 4° de Control del estado Cojedes, los fiscales solicitaron la admisión
de la acusación, el enjuiciamiento de las seis funcionarios y que se mantenga
la medida de privativa de libertad, por lo que cinco de ellos continúan
recluidos en la sede de la policía regional; mientras que a Chávez le fue
otorgada una medida de detención domiciliaria por motivos de salud.
A los funcionarios de la policía
regional se les investiga por presuntamente haber causado la muerte a los
ciudadanos Alí Rebolledo, Mauricio Rodríguez, Rafael Lezama y Víctor Márquez,
El Ministerio Público solicitó la realización
de diversas pruebas de interés criminalístico, las cuales
vinculan a los funcionarios policiales con los hechos antes mencionados.
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