Durante la consulta pública sobre el Proyecto de Código Orgánico Penitenciario que se realizó este miércoles en la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo presentó sus observaciones y recomendaciones a este instrumento legal, con el propósito de reforzar las disposiciones contenidas en este código, especialmente las vinculadas a la protección de los derechos humanos.
El director general de Servicios Jurídicos de la institución defensorial, Larry Devoe, señaló que, en criterio de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, este proyecto constituye una iniciativa positiva dirigida a resguardar el goce y ejercicio de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, contemplados en la legislación nacional.
El representante de la Defensoría del Pueblo aplaudió el trabajo adelantado por el Consejo Superior Penitenciario en pro de generar políticas públicas que redunden en la dignificación de los privados y privadas de libertad.
Para Devoe, la Defensoría del Pueblo apoya plenamente la orientación del Proyecto de Código Orgánico Penitenciario, expresada en su Exposición de Motivos, la cual establece que el endurecimiento de la pena ha demostrado no ser una respuesta efectiva para la criminalidad sino que, por el contrario, favorece el hacinamiento en nuestros centros penitenciarios.
Recordó que la institución defensorial ha insistido, desde diversos espacios, en que se deben privilegiarse medidas no privativas de libertad, en plena consonancia con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país.
Por otra parte, el funcionario también indicó que debe reconocerse como un objetivo expreso del código la atención prioritaria de los grupos más vulnerables como personas con discapacidad, mujeres, personas pertenecientes a los pueblos indígenas y niños o niñas que permanezcan durante la lactancia con sus madres que están privadas de libertad.
El funcionario aplaudió que este proyecto esté siendo sometido a una discusión nacional, especialmente, que se esté tomando en cuenta las observaciones que están haciendo los propios privados y privadas de libertad.
El director general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo recordó que “a partir de 1999 el modelo político de nuestro país cambió. Nuestra Constitución tiene como un eje estructural la participación de todos los ciudadanos, por eso cada política pública que se desarrolle, y este código es expresión de eso, debe ser sometida a la consulta y a la discusión de todos los sectores de la sociedad”.
Finalmente, Larry Devoe recordó que, a lo largo de los últimos años, la Institución Nacional de los Derechos ha venido presentando ante la Asamblea Nacional sus informes sobre la situación del sistema penitenciario venezolano y ha formado parte del trabajo adelantado por el Consejo Superior Penitenciario para dignificar las condiciones de los hombres y mujeres que están privados de libertad.
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