(Caracas / 17/09/2011) El Diplomado Derechos Humanos y Poder Popular -auspiciado por la Defensoría del Pueblo (DdP) y la Fundación Juan Vives Suriá- está dirigido a 120 Consejos Comunales de los estados Apure, Barinas, Guárico, Mérida, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, destacó -en el lanzamiento del Diplomado realizado en el estado Barinas- que el propósito de ésta iniciativa es transmitirle a las comunidades las cinco leyes del Poder Popular y puedan activarlos -junto a los Derechos Humanos- con las autoridades de sus respectivos estados.
"El mecanismo de egreso del Diplomado Derechos Humanos y Poder Popular es la presentación de un proyecto que se articulará con los jefes de gobierno local para su futura ejecución", explicó.
Hoy 17 de septiembre de 2011 iniciarán clases -simultáneamente- los estados Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo; mientras que en las entidades de Apure, Guárico, Yaracuy y Zulia comenzarán a partir del 24 de este mes.
Un total de 450 voceros y voceras estarán presentes en este Diplomado de 128 horas académicas. Esta actividad se realiza en el marco del Programa "Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos" de la Defensoría del Pueblo..
El encuentro contó con la presencia del gobernador del estado Barinas - Adán Chávez-, del alcalde del municipio Barinas -Abundio Sánchez-, el presidente de Consejo Legislativo del estado Barinas -Miguel León - y demás autoridades regionales.
"La Defensoría cuenta con todo el apoyo del estado para la creación de estos defensores populares que lucharán contra los fantasmas de la cuarta República ", comentó el gobernador de Barinas. En el estado participarán 22 Consejos Comunales en el Diplomado.
El representante del Consejo Comunal "La Gracia de Dios" en Barinas, Aldemar Sanoja, aseguró que "estas herremientas debe tenerlas el pueblo para lograr emanciparse”.
Caso López en la CIDH
Tras el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Leopoldo López, exalcalde de Chacao; la Defensora del Pueblo comentó que "la CIDH tenía el camino -en su articulado- para apoyar, respaldar y proteger al Estado venezolano en su lucha contra la corrupción".
Ramírez destacó que la sentencia de la la Corte Interamericana reconoce -en su capítulo denominado "Hechos probados"- que hubo malversación de fondos públicos por parte de López.
"La CIDH, pese a reconocer que -López- transfirió un total de 85 millones de bolívares –en 1998- a la organización Primero Justicia, decidió privilegiar los intereses de una persona por encima del colectivo", precisó la Defensora.
Siguenos a traves de nuestro pin: 20DEFE1C
No hay comentarios:
Publicar un comentario