(Caracas, 26 de junio de 2011) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público (MP) inició un plan contra la corrupción en los centros penitenciarios para erradicar el ingreso de armas y drogas a estos recintos, y así evitar que hechos como los acaecidos en El Rodeo se repitan.
Agregó que para cumplir con el cometido, se designarán fiscales nacionales por cada cárcel de país y, de ameritarse, se sumaran fiscales regionales para dar respuesta oportuna a las irregularidades y desmantelar ese tipo de actuaciones delictivas suscitadas en dichos lugares.
La Fiscal General señaló que el tráfico de armas y drogas son el principal mal a suprimir. No obstante, indicó que el cobro para el traslado de los internos a los tribunales es otra de las irregularidades que se presentan dentro de los penales.
Ortega Díaz, acotó que el artículo 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Por tal motivo, la intervención del Ministerio Público ha sido conjuntamente con todos los poderes del Estado para dar una respuesta, no sólo a los internos y sus familiares, sino a toda la sociedad venezolana y con respeto a los derechos humanos.
De igual manera, señaló que abordar el tema carcelario no ha sido tarea fácil debido a que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 1999, “el MP heredó 20 millones de casos de procesos penales y hasta la actualidad estamos pagando por esa cifra distribuidas entre la Institución, tribunales, comisarías de las policías y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc)”, acotó.
Asimismo, la Fiscal General reflexionó entorno al principio de libertad que deben tener los ciudadanos, por ello sugirió que la prisión debe tomarse como una medida excepcional ante cualquier falta que lo amerite.
Además, instó a que se tomen en cuenta medidas como las de régimen abierto y destacamento de trabajo que permita al individuo regenerarse para la reinserción en la sociedad, tal cual lo señala la Carta Magna.
En este sentido, Ortega Díaz acotó que el régimen penitenciario en el país es de vanguardia, porque “no sólo se trata de la vigilancia y custodia del lugar donde ellos van a pagar su condena o hasta que haya una sentencia definitiva, sino que en ese proceso debe existir la posibilidad de que el interno pueda reinsertarse en la sociedad”, acotó.
Agregó que todo hecho delictivo conjuga una serie de factores sociales, económicos y culturales que no tienen que ver con el individuo, sino con la crisis del sistema sociocultural de un país, heredado por un modelo en el que prevalecen los valores materiales sobre los humanos.
Designación de nuevo Contralor General de la República
La Fiscal General se refirió a designación del nuevo Contralor o Contralora General de la República, luego de la desaparición física de Clodosbaldo Russian.
Informó que corresponderá al Consejo Moral Republicano, como órgano de expresión del Poder Ciudadano, declarar la falta absoluta, para luego notificar a la Asamblea Nacional (AN) y en un lapso de 30 días subsiguientes se designe el nuevo Contralor General.
De igual manera, Ortega Díaz, informó que se requiere mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de la AN. Mientras este proceso sigue su curso, según lo establecido en la Ley, la Subcontralora, Adelina González, va a suplir la falta que existe.
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