“Nuestro propósito es hacer un viaje permanente entre el deber ser que nos muestra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el ser que muestra la realidad de nuestros países. Ver inclusive, si podemos extraer de nuestro viaje algunas conclusiones que puedan ser útiles a los efectos de mejorar el sistema de protección de Derechos en todos los países”, así lo aseguró el Dr. Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación Internacional Mercosur de los jueces de la infancia y juventud en el “8vo Foro Derechos de la Infancia y de la Adolescencia”, que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al referirse al trabajo que viene realizando a diario en pro de las mejoras de los Derechos Humanos.
Durante su ponencia “Procesos de protección de derechos: garantías sustanciales y procesales”, Pérez Manrique resaltó varios Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellos, el artículo 78 del Capítulo V en donde se expresa: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la ley, la Convención sobre Derechos del niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la Repúblicao”. Para Manrique, este es un magnifico documento jurídico que permite la protección de los niños.
Asimismo, indicó que la Lopnna es una de las leyes más completas a nivel mundial en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se refiere.
“En la doctrina de la protección integral, las necesidades se convierten en derecho y esto me parece que es el elemento central, por eso, no se debe hablar de la mejor forma de vivir en familia, sino se tiene que hablar de derechos, porque los derechos son la satisfacción de las necesidades a la alimentación, educación, inserción familiar, todo lo que un niño necesita para vivir y ser feliz. Cuando no respetamos estos derechos, vamos a estar en una situación en donde no vamos a estar protegiendo al infante, de allí que la protección es un derecho”, así lo manifestó Pérez Manrique al hablar sobre las necesidades de protección.
Con respecto a los sistemas de intervención y asignación orgánica y competencial, Pérez indicó cómo el Estado despliega su intervención en materia de niños y adolescentes, en carácter de sistemas con diferentes órganos y competencias que se encargan de dictar medidas para la protección de los niños; sin embargo, hizo un llamado a todos los jueces y juezas a que no demoren a la hora de tomar sus decisiones, ya que esto constituye una injerencia arbitraria e ilegal en la vida de los niños.
En su propuesta para el cambio de estructura procesal, Pérez indicó que todas las partes deben participar, tantos los vulnerables como los afectados por las medidas. Para Pérez, el escuchar la opinión de los niños es sumamente importante a la hora de tomar decisiones. Es decir, la participación del niño como parte, que tenga derecho de ejercer su defensa material (comparecer ante un tribunal a exigir sus derechos en forma personal) así como el de la defensa técnica (que tenga la posibilidad de tener, según su autonomía progresiva, un abogado asistente o representante) y por último, la posibilidad de ofrecer pruebas y apelar o recurrir las decisiones que no le sean satisfactoria.
Para concluir, el también presidente de la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia invitó a todos los operadores judiciales a que se involucren, a través del magistrado, Juan Rafael Perdomo, en este proceso de justicia amigable o adecuada para los niños, niñas y adolescentes. Igualmente afirmó que este tipo de actividades son una oportunidad de discutir y plantear nuevas ideas que sirven para mejorar los procesos judiciales a nivel mundial.
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