(Caracas,
25 de octubre de 2013) La
fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, propuso establecer un
mecanismo jurídico para combatir los delitos de delincuencia organizada
transnacional, a través del intercambio de información útil entre los países
integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Así
lo manifestó durante su intervención en la XVI Reunión
Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm), celebrada en la Isla de Margarita, estado
Nueva Esparta, en la cual Venezuela ejerce por primera vez la Presidencia Pro Tempore
del bloque regional, donde destacó que este encuentro es una excelente
oportunidad para hacer factible la integración sobre aspectos que vayan más
allá de lo económico y lo social.
Por
ello, indicó que a través de estas reuniones se presenta la posibilidad de generar mecanismos eficaces de cooperación en
el combate contra la delincuencia organizada.
Asimismo, calificó de importante
estos encuentros, pues permiten un acercamiento e integración para los
Ministerios Públicos del Mercosur, en beneficio de los pueblos que representan.
Manifestó
que actualmente se viven tiempos en los que el incremento de la criminalidad y
el perfeccionamiento de técnicas especializadas para cometer delitos han
avanzando. En tal sentido, precisó que corresponde a los Ministerios Públicos
actuar de manera eficaz para combatir la criminalidad.
Adicionalmente,
expresó que se deben adaptar las actuaciones a la realidad y brindar a las
víctimas de delitos la protección y la garantía de sus derechos.
La Fiscal General
dijo que tras el fenómeno del crimen organizado que amenaza a los Estados y que
adquiere características fundamentadas en los desvalores, se presenta la
necesidad de articular y diseñar estrategias en el campo jurídico penal,
"considerando especialmente el delito como un hecho profundamente
social", aseveró.
De
igual manera, expresó que se está experimentando un cambio de época y se debe
tener conciencia de las riquezas que tienen los países del Mercosur, desde el
punto de vista energético y los grandes reservorios de agua, por cuanto se hacen
apetecibles para la comisión de delitos ambientales.
Señaló
que estos encuentros deben transformarse y adaptarse a la dinámica de lo que ha
surgido en Latinoamérica, para que en un futuro próximo se puedan discutir estos
temas para intercambiar conocimientos y experiencias, que permitan actuar
frente a las nuevas formas delictivas.
Ortega
Díaz recordó que cada uno de los países partes del Mercosur suscribieron la Convención de Naciones
Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención
de Palermo, por lo que indicó que si bien es cierto que dicho convenio tiene
una serie de bondades, como la unificación de términos y técnicas de
investigación, ha demostrado ser poco eficaz cuando se trata de intercambio de
información.
Indicó
que de alguna forma esto tiene su explicación, pues fue un pacto ideado con
alcances mundiales aprobado en la Organización de las Naciones Unidas, pero no
adaptado a la realidad de cada una de las regiones.
Explicó
que la práctica internacional demuestra que los acuerdos de cooperación estructurados
a menor escala tienden a ser más exitosos; “esto nos permite establecer que
existe una importante necesidad de generar acuerdos de cooperación para una
eficaz integración en materia de asistencia penal frente a crímenes de
delincuencia organizada transnacional”.
Respecto
a lo discutido en la reunión preparatoria realizada los días 23 y 25 octubre
con las delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, señaló que
fueron detectados modus operandis comunes en los delitos que afectan a las
regiones; dijo que además se tiene un marco constitucional similiar con un énfasis
en la protección de los derechos humanos.
Destacó
el proyecto presentado por Venezuela relativo a la guía de buenas prácticas de
los Ministerios Públicos del Mercosur en materia de Defensa de la Mujer.
Esta
propuesta es una recopilación de los aportes realizados por Argentina, Bolivia,
Chile y Venezuela, todo ello con miras a que en el futuro se pueda contar con
un manual de actuación de los Ministerios Públicos que atienda a los patrones
culturales y continentales, para consolidar la igualdad de género.
Mencionó
que el logro de este objetivo debe ir acompañado de un programa de capacitación
y sensibilización de todos los funcionarios y los operadores del sistema de
justicia, por cuanto debería ser materia obligatoria en los centros de capacitación
de los Ministerios Públicos.
Ortega
Díaz expresó que uno de los sueños de este bloque es que expertos e
investigadores de los países miembros puedan declarar en juicio en un país
distinto y que las actuaciones puedan ser incorporadas al acervo probatorio sin
mayor obstáculo.
Resaltó
la necesidad de generar programas de formación conjunta en las áreas de
investigación de la criminalística y las ciencias forenses, que estén dirigidos
a funcionarios relacionados con la materia de derechos fundamentales.
La
máxima representante del Ministerio Público venezolano felicitó a las
delegaciones presentes por el trabajo realizado en la reunión preparatoria, por
lo que puso a consideración de los fiscales generales asistentes las propuestas
discutidas en dicho encuentro para su aprobación.
La
XVI Rempm contó con
la asistencia de la procuradora general de la República Argentina,
Alejandra Glis Carbó, así como de los
fiscales generales de Brasil, Chile y Ecuador, Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Sabas Chauhan y Galo Chiriboga, respectivamente; además de las respectivas
delegaciones.
Igualmente,
estuvieron presentes por Venezuela la vicefiscal general, Yajaira Suárez
Viloria; la fiscal superior del estado Nueva Esparta, Venecia Zambrano,
directores generales y de línea del Ministerio Público.
Vale recordar que la Presidencia Pro
Témpore del bloque regional le fue encomendada a Venezuela durante su
participación en la XV
Reunión Especializada del grupo, efectuada en junio de este
año en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Fuente: Ministerio Publico
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